A cincuenta años de Stonewall: derechos humanos y diversidad sexual en México


Mayo y junio son meses en que se realizan distintas actividades de protesta política y de expresión cultural en torno a dos fechas relevantes en materia de diversidad sexual. El 17 de mayo se visibilizan las demandas en materia de discriminación, violencia y crímenes por odio hacia las comunidades de la diversidad sexual, llamado “día contra la homo-les-bi-transfobia”; el 28 de junio se conmemoran cincuenta años de los disturbios de Stonewall, que marcan el inicio de una etapa contemporánea de movilizaciones por los derechos de las personas lgbttti+ (Lesbianas, gays, bisexuales, transgéneros, travestis, transexuales, intersexuales y personas que salen del modelo heteronormativo). Por ese motivo, hago un breve balance de avances y desafíos en materia de estos derechos en México.

En este país, la acción colectiva en torno a los derechos de las comunidades de la diversidad sexual tiene un inicio vinculado al movimiento estudiantil de 1968, ya que algunos de los activistas tuvieron participación en ambos procesos. En 1971, el despido laboral de José María Covarrubias debido a su preferencia sexual marcó pauta para articular demandas en cuanto a discriminación y dio motivo a la formación de los primeros colectivos que se formaron para analizar la situación de las lesbianas y homosexuales. Las primeras acciones para generar visibilidad se dieron en 1978, ya que se realizaron las primeras marchas en la ciudad de México; una en julio, como parte de la celebración por el aniversario de la revolución cubana, y otra en octubre, en el contexto de la conmemoración de la matanza de Tlaltelolco. Desde entonces creció la formación de colectivos y las actividades políticas y culturales en materia de diversidad sexual en la capital del país y en otras ciudades como Guadalajara y Tijuana y luego el resto del país.

Pero el crecimiento no fue sostenido, pues el trabajo se vio limitado durante la segunda mitad de los años ochenta y la primera mitad de los noventa debido a las crisis económicas y al impacto del VIH en la población de hombres gay y hombres que tienen sexo con hombres; esto significó un debilitamiento para los grupos de hombres, pero no tanto en las colectivas de mujeres lesbianas. A fines de los noventa se volvieron a fortalecer acciones que logran la conquista de derechos; a través de procesos de incidencia política se logró que en 2001 se incluyera el término “preferencias sexuales” en un apartado del artículo primero constitucional que prohíbe la discriminación. A esto siguieron otros avances como la inclusión del tema en la Ley Federal para Prevenir y Erradicar la Discriminación, la gestión para que se implementaran políticas públicas de prevención de VIH entre hombres que tienen sexo con hombres, cambios en las leyes en el Distrito Federal que posibilitaron las sociedades de convivencia en 2006, el cambio de identidad de género en las actas de nacimiento en 2007, y el matrimonio con posibilidad de adopción entre personas del mismo sexo en 2009. En años más recientes se ha avanzado en el reconocimiento de derechos de parejas del mismo sexo en materia de seguridad social, y se han modificado algunas leyes estatales para reconocimiento de derechos en materia de discriminación, identidad de género y matrimonio igualitario. Otro avance relevante ha sido que en 2018 se incorporaron contenidos básicos sobre diversidad sexual en la mitad de los libros oficiales de biología para primero de secundaria. Un logro también relevante fue que en 2016 la Suprema Corte de Justicia de la Nación publicó el Protocolo de Actuación para Quienes Imparten Justicia en Casos que Involucren la Orientación Sexual o Identidad de Género, y que la Secretaría de Salud publicó el Protocolo para el Acceso sin Discriminación a la Prestación de Servicios de Atención Médica de las Personas lgbttti. Todo esto ha sido producto de estrategias de incidencia política, lo que ha implicado que la movilización basada en la presencia en calles ha dejado de ser central y ha cobrado mayor relevancia la gestión con quienes toman decisiones en materia legislativa o de política pública. Estos avances no han sido sencillos, pues han implicado verdaderas contiendas en las que se han desarrollado fuertes debates mediáticos y disputa política con actores con perspectiva religiosa o conservadora respecto a la sexualidad; los más fuertes fueron en 2006, 2009 y 2016.

Estos avances han estado ligados al proceso de secularización, entendido como el cambio cultural que ha permitido que las religiones pierdan peso en la determinación de la vida de las personas y las comunidades. Y también son resultado del trabajo de las personas que nos dedicamos a la promoción y defensa de derechos humanos en el ámbito de la diversidad sexual. Desde el 2000 se ha visto un creciente surgimiento de marchas relacionadas con la diversidad sexual en ciudades grandes y medianas de distintos estados, con una importante visibilidad de mujeres trans y cada vez mayor presencia de comunidades que no eran tan visibles, como lo son personas bisexuales y hombres trans, además de personas que no se involucran en activismo. Actualmente existen fuertes discusiones acerca de cómo las marchas constituyen actividades de celebración más que de demanda de derechos y tienen una enorme presencia de empresas que funcionan como sitios de diversión. Además, ha habido una creciente oferta de actividades culturales, generalmente con sentido de reivindicación. En los últimos años también se observa una mayor participación de activistas lgbttti+ la política formal, que ha implicado que se incorporen a partidos políticos.

Aún falta mucho por lograr en materia de políticas educación, salud, discriminación, violencia, seguridad social, matrimonio igualitario e identidad de género; pues aún no se logra el reconocimiento en muchos lugares, en otros no hay condiciones prácticas para ejercer dichos derechos, como lo es el ámbito de la salud y la educación, pues faltan recursos económicos y procesos de capacitación al funcionariado público. La incorporación de activistas en la política formal también representa un desafío porque ha implicado rupturas entre algunos actores y desconfianza por parte de quienes prefieren un activismo no institucional, además de decepciones debido a que es un ámbito de negociaciones y movimiento de intereses políticos.

Pero los desafíos más importantes están en el cambio cultural y la impartición de justicia. No existen políticas de prevención ni mecanismos efectivos de atención en materia de crímenes por odio hacia las personas lgbttti; entre las cuales se conocen más caso de mujeres trans y de hombres homosexuales. Mientras esto sucede, se pueden observar ciertos desencuentros entre líderes lgbttti debido a desconfianzas políticas, falta de perspectiva de género de los hombres, activistas lesbianas que se oponen a reconocer a las personas trans de acuerdo a su identidad de género, exclusión de las personas bisexuales en el discurso, entre otros motivos de disenso respecto a las agendas ciudadanas y las maneras de movilizarlas.

Paralelamente, hemos visto un fortalecimiento de los grupos que se oponen al reconocimiento de nuestros derechos; la evidencia más clara fue que se descartó la iniciativa presidencial de 2016 en la que se proponía elevar a rango constitucional el derecho al cambio de identidad de género y el matrimonio con posibilidad de adopción entre personas del mismo sexo. Este fracaso fue resultado del apoyo masivo que lograron las organizaciones movilizadas contra estos derechos en sus marchas en distintas ciudades y a su estrategia de cabildeo, así como su campaña mediática y de redes sociales contra lo que denominan “ideología de género”. Estos actores promueven el miedo hacia el cambio de valores sexuales y usan argumentos biologicistas y de manipulación de la información jurídica para desacreditar el reconocimiento de nuestros derechos. Como parte de ello vemos el surgimiento de activismos “ex-gay”, incremento de acciones violentas contra niñas, niños, adolescentes y jóvenes para “corregir” la orientación sexual e identidad de género, la distribución de libros pseudocientíficos y la producción de tesis de posgrado para legitimar sus argumentos; además de campañas en las que se colocan como víctimas del Estado y de las comunidades de la diversidad sexual, pues les acusan de imponerles una ideología. En esto destaca que recientemente una organización difundió la imagen de una bandera y un mensaje “27 de mayo, día contra la heterofobia”[1], y que se hizo una demanda por “corrupción de menores” a un grupo de drag queens que implementó una actividad de sensibilización basada en contar cuentos a niñas y niños[2].

En este escenario, es fundamental reconocer los avances que resultan de nuestras estrategias y de los cambios políticos y culturales del país; seguir trabajando sobre nosotras y nosotros mismos como personas, como colectivos y como articulación de actores para resolver nuestras diferencias, replantear reglas y principios para trabajo político, y generar nuevas estrategias. Se requiere establecer prioridades para avanzar en el logro de nuestros derechos y en la construcción de una sociedad segura y libre de violencia y crímenes de odio; y es momento de desarrollar acciones que permitan entender y revertir los avances de las organizaciones que se han constituido como nuestras adversarias en este proceso de acción para lograr una ciudadanía plena y sin discriminación.

[1] https://confamilia.org.mx/homosexualidad/contra-la-heterofobia


[2] https://www.eluniversal.com.mx/estados/acusan-drag-queens-de-corrupcion-de-menores-por-leer-cuentos-ninos-en-nl

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