El Pin Parental y la acción conservadora contra la educación sexual en México


En los últimos meses, diversos actores conservadores han impulsado iniciativas para legislar el “Pin Parental”, que consiste en otorgar a los padres de familia el derecho a negar el consentimiento para que sus hijas e hijos reciban educación sobre temas relacionados a sexualidad. Esto es parte de una lucha histórica en la que actualmente hacen sinergia actores conservadores católicos, evangélicos y sin adscripción religiosa que promueven un miedo al cambio del orden social basado en la heterosexualidad obligatoria, el binarismo de género y una moral sexual restrictiva. Estos actores se articulan con organizaciones similares en otros países y su acción ha tomado fuerza en los últimos años porque se ha vuelto más visible, ha sumado simpatizantes y ha tejido alianzas con tomadores y tomadoras de decisión que comparten sus ideas.


La trayectoria de la acción conservadora contra la educación sexual


La acción de grupos en contra de la educación sexual laica en México data de principios de Siglo XX; su estrategia ha sido presentar la educación como una amenaza que podría destruir la cultura y la sociedad, es decir, promueven el miedo a que pueda afectar el desarrollo de la infancia y provocar conductas negativas. En 1934 lograron frustrar la primera iniciativa sobre el tema en México, en un contexto en que el gobierno impulsaba la educación socialista, la cual consideraban una amenaza para la cultura. Organizaron nuevas manifestaciones en 1974, ante los primeros contenidos sobre reproducción en los libros de primaria; posteriormente tuvieron presencia constante desde los años ochenta ante las políticas de prevención de VIH con la intención de que se promoviera la abstinencia y la fidelidad como las medidas preventivas válidas. A pesar de las resistencias, las políticas de educación sexual no se detuvieron debido a que las prioridades en materia de salud y población lograron mayor legitimidad que los argumentos conservadores.

Durante los años noventa y primera década de 2000, los actores conservadores experimentaron varios fracasos. México ratificó la Convención de Derechos de la Niñez en 1990; con ello se estableció el principio de interés superior de la niñez, que implicó que las hijas e hijos y dejaron de ser considerados como propiedad de sus padres y ahora se les reconozca la autonomía para tomar decisiones de acuerdo a su grado de desarrollo. Así fue que quedó obsoleta su demanda de reconocer “el derecho de los padres a educar a sus hijos de acuerdo a sus propias convicciones”. En 1994 y 1995 se firmaron los acuerdos de Cairo y Beijing, donde se reconocieron los derechos sexuales y reproductivos y se adquirió el compromiso de transversalizar la perspectiva de género. En el 2000, el triunfo electoral del Partido Acción Nacional (PAN) colocó a actores conservadores en cargos estratégicos de gobierno y las organizaciones conservadoras aprovecharon la coyuntura para tratar de incorporar “la perspectiva de familia” en las políticas públicas y la visión de abstinencia en la educación sexual; sin embargo, no lograron detener varios avances en derechos sexuales tales como la inclusión del principio de no discriminación por “preferencias sexuales” en el artículo 1º constitucional y en la ley contra la discriminación; pero sus motivos de mayor frustración fueron las reformas sobre aborto, matrimonio igualitario e identidad de género en el Distrito Federal.


Los debates actuales


En este nuevo milenio, estos grupos han renovado sus repertorios para empujar la agenda conservadora: 1) se incorporaron a redes transnacionales en las que intercambian conocimiento sobre estrategias políticas y discursivas, 2) han construido estrategias de negociación y alianzas con gobernantes, 3) se han incorporado a partidos políticos para participar de la toma de decisiones, y 4) han trabajado en la producción de discursos enfocados a dar legitimidad a sus demandas. Entre 2006 y 2008 se movilizaron en torno a los contenidos de educación sexual en secundaria; implementaron repertorios discursivos para presentar sus creencias como si fueran basadas en la ciencia y los derechos humanos, pero no lograron credibilidad en la opinión pública. La intervención de organizaciones de derechos sexuales permitió que se mantuviera la laicidad en los contenidos, pero en 2010 el gobierno federal modificó de forma regresiva los contenidos de libros de primaria al margen del debate.


En 2012, con el retorno de Partido Revolucionario Institucional al gobierno federal, perdieron sus alianzas clave; pero lograron una fuerte movilización en 2016, en el contexto de la iniciativa presidencial que proponía llevar a rango constitucional el derecho al matrimonio igualitario y al cambio de identidad de género. Los actores conservadores implementaron campañas que promovían el miedo al cambio en sexualidad y género, pues presentaban la educación sexual laica como una amenaza que podrían provocar una especie de caos en la sociedad. Se opusieron a la inclusión de contenidos sobre los métodos anticonceptivos en primaria y a un manual sobre prevención de violencia de género en preescolar que era sensible a las infancias trans. La educación sexual no parecía estar en el centro del debate, pero era clave en la construcción de su argumentación sobre una supuesta “ideología de género”, un repertorio discursivo que ha sido efectivo para movilizar simpatizantes debido a que fomenta el miedo por el cambio en el orden sexual y de género, acusa al estado de violentar libertades y presenta sus demandas religiosas bajo argumentos que simulan estar basados en la ciencia y los derechos humanos. Desde entonces han llevado una estrategia transnacional a través de campañas como “con mis hijos no te metas”, retomada de grupos de Perú, y el “bus de la libertad”, replicada de grupos españoles; con esas acciones lograron reactivar la demanda de “el derecho de los padres”. El uso del repertorio discursivo “ideología de género” ha implicado estrategias de comunicación enfocadas a producir la imagen de sí mismos como defensores de derechos y víctimas de un estado opresor que les impone la laicidad, además de presentar al feminismo y a las organizaciones de derechos sexuales como una amenaza para la sociedad.


La disputa por la iniciativa de “Pin Parental”


Las legislaturas estatales son los escenarios de incidencia que estos actores utilizan actualmente para empujar su agenda en educación sexual. Les representa buena opción porque no parecen tener alianzas suficientes en el gobierno federal como para modificar los contenidos oficiales ni para influir en el Legislativo federal, pues en 2019 se reformó el artículo tercero constitucional a favor de la educación sexual laica[1]. En varios estados están impulsando iniciativas que pretenden incorporar el Pin Parental en las leyes de educación: Chiapas, Chihuahua, Ciudad de México, Querétaro, Veracruz y Puebla [2]; además de que se descartó la iniciativa en Nuevo León y que en Aguascalientes fue aprobada por el congreso local recientemente. Las iniciativas retoman la propuesta del partido VOX de España y son parte de toda una estrategia para hacer retroceder los avances jurídicos logrados en el mundo occidental en materia de derechos sexuales y reproductivos. Estas iniciativas son propuestas principalmente por legisladores del Partido Encuentro Social (PES) y el Partido Acción Nacional (PAN).


En Nuevo León se llevó a cabo la disputa más visible, pues a principios de año el diputado Juan Carlos Leal, del PES, presentó una iniciativa de reforma al artículo 92 fracción VI de la Ley de Educación: “que las escuelas tengan la obligación de solicitar la autorización de los padres para ver ciertos temas que sean controversiales, que sean perjudiciales para los menores de edad…, digamos en el tema de educación sexual” (Juan Carlos Leal, Milenio, 22/01/2020)[3]. La iniciativa no prosperó en Nuevo León, pero fue aprobada en Aguascalientes y se encuentra en agenda en varios estados, que podrían incorporarlo en las leyes locales. La iniciativa ha sido motivo de posicionamientos en contra por parte de agencias internacionales, de la Secretaría de Gobernación, de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y de distintas organizaciones y redes de sociedad civil. La Comisión de Derechos Humanos de Aguascalientes entregó un documento para impugnar el Pin Parental a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN)[4], además de que ya hay otra iniciativa para impugnarlo desde la legislatura local; de hecho, el Presidente de la Mesa directiva del Congreso del Estado se deslindó de ella públicamente y culpó a sus asesores[5].


La iniciativa se opone a todo un marco normativo (Díaz, 2018[6]): es inconstitucional porque se contrapone con el artículo tercero sobre educación laica y el cuarto sobre el principio de interés superior de la niñez, así como con la Convención de Derechos de la Niñez y la Convención Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes; además de que contradice varias leyes nacionales en materia de educación, salud, población, discriminación, y protección de niñas, niños y adolescentes. Tenemos que entender que la educación no es un derecho de los padres sino un derecho de niñas, niños y adolescentes; ésta debe impartirse para aportarles los elementos que necesitan para su desarrollo y, considerar que el Estado tiene responsabilidad de darles información. Existe una amplia gama de argumentos sobre el beneficio de la educación sexual laica[7]: 1) previene embarazos no deseados e infecciones de transmisión sexual; 2) permite orientar a niñas y niños sobre abuso sexual y reducir la impunidad de agresores, que en muchos casos son integrantes de sus familias, 3) es un recurso para la convivencia pacífica, sin ella se perpetúan las situaciones de violencia y discriminación por orientación sexual e identidad de género, así como o el estigma hacia las adolescentes que inician relaciones sexuales: ¿cómo se podría construir una sana convivencia si se puede educar sólo a una parte de la comunidad escolar y no a otra?


Este debate muestra que aún se tiene que trabajar en la defensa de la educación sexual laica en varios niveles; uno de los más importantes debería ser el generar estrategias comunicativas que ayuden contrarrestar el avance que los grupos conservadores han logrado desde 2016, pues han mostrado un fuerte poder de convocatoria. Es importante sumar aliados en las comunidades no sólo para promover el bienestar, sino porque el impacto masivo de algunas manifestaciones de estos actores constituyen un recurso que tendrán para negociar con partidos políticos en los próximos procesos electorales. También tendría que atenderse un gran vacío educativo: las instituciones únicamente ofrecen educación sexual a la población adolescente porque la consideran en riesgo; se requieren acciones pedagógicas dirigidas a personas adultas, de otra manera las madres, padres y personal escolar seguirán representado obstáculos. En este sentido, es importante también generar modelos de intervención para el diálogo en comunidad escolar; ello implica capacitar al personal escolar y el profesorado para que imparta de manera adecuada los temas y para que pueda implementar procesos de mediación en los que pueda atender las preocupaciones de las familias. Las instituciones podrían también desarrollar intervenciones dirigidas a madres y padres de familia en escuelas, en otros espacios educativos, en barrios y en centros de trabajo con el fin de atender las resistencias a la educación sexual laica.


También es necesario trabajar en estrategias de incidencia política ahora que el asunto está en manos de la SCJN y que hay una iniciativa para derogar el Pin Parental de la Ley de Educación de Aguascalientes. Es muy importante mapear el avance de la agenda conservadora en las distintas legislaturas y la capacidad de influencia en los estados. Habría que construir alianzas para bloquear en avance en las entidades y también un importante trabajo de cabildeo con la SCJN, que será quien resuelva la impugnación para Aguascalientes y las que lleguen a sumarse posteriormente. Por el momento se tiene el antecedente de que la SCJN ya emitió postura a favor de la educación sexual laica en el comunicado 188 de 2016. Finalmente, podemos ver que la iniciativa de Pin Parental no tiene viabilidad porque es inconstitucional, se contrapone a todo un marco normativo y políticamente se reconoce como un retroceso. Los grupos conservadores seguirán impulsándola mediante alianzas e intercambios políticos con legisladores, pero la iniciativa está condenada a ser impugnada.

[1] https://www.lofrsc.org/post/la-reforma-al-art%C3%ADculo-tercero-implicaciones-sobre-laicidad-educativa-en-sexualidad-y-genero [2] https://www.eluniversal.com.mx/nacion/buscan-13-estados-controlar-educacion-sexual [3] https://www.milenio.com/politica/presenta-diputado-reforma-a-la-ley-de-educacion [4] https://www.elsoldesanluis.com.mx/republica/politica/corte-recibe-impugnacion-contra-pin-parental-en-aguascalientes-educacion-sexual-5450434.html#:~:text=La%20Suprema%20Corte%20de%20Justicia,con%20contenidos%20morales%20o%20sexuales. [5] https://www.lja.mx/2020/07/diputado-culpa-a-sus-asesores-por-la-aprobacion-del-pin-parental-en-aguascalientes/ [6]Díaz, Armando (2018). (2018) Laicidad y educación sexual. En Colección Jorge Carpizo Para entender y pensar la laicidad, Cuadernillo No. 35. Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. ISBN 978-607-30-1101-3. Disponible en http://catedra-laicidad.unam.mx/detalle-jorge-carpizo/761/35-Laicidad-y-educaci%C3%B3n-sexual [7] https://www.lofrsc.org/post/la-reforma-al-art%C3%ADculo-tercero-implicaciones-sobre-laicidad-educativa-en-sexualidad-y-genero

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