La apuesta por la moralización como antídoto universal

El domingo pasado, el Obispo de Cuernavaca ofreció una homilía en la que se refirió a la emergencia sanitaria ante la pandemia provocada por el virus COVID-19. El ministro describió la situación como un grito de Dios frente a los grandes errores de la humanidad, entre los que identificó al aborto, la eutanasia, la diversidad sexual, la corrupción, la violencia y los robos. Aquí no se pretende defender ni descalificar las creencias del Obispo, ni dilucidar si son compartidas por la feligresía. Pero hay algo que sin duda vale la pena subrayar: que en esas reflexiones se asume que un proceso biológico puede explicarse en función de la moral.

Esto puede parecer obvio o poco importante; empero, en el fondo es el mismo razonamiento que exponen algunas de nuestras autoridades gubernamentales. Si la causa de todos los males es la inmoralidad, que deriva luego en prácticas reprobables, entonces basta con fortalecer la moral para solucionar los problemas que nos aquejan como personas, grupos, comunidades y naciones, o incluso como especie humana.

El 18 de marzo, por ejemplo, el presidente López Obrador declaró que para protegerse contra el COVID-19 cuenta con amuletos que le sirven de escudo. Más allá de la falta que implica usar símbolos religiosos en un acto público, en mi opinión lo relevante no es la naturaleza de los emblemas, y tampoco si la ciudadanía se siente o no representada por ellos. Lo verdaderamente importante es la lógica de fondo; una que, de manera similar a la del Obispo de Cuernavaca, apunta que un fenómeno biológico puede combatirse a partir de la voluntad o de la fe.

El argumento se repite en varias ocasiones, adaptándose a las circunstancias y a las necesidades que se pretende satisfacer. Para erradicar la corrupción se ha apelado a la honestidad, aseverando que quienes forman parte de la actual administración pública son tan honestos como inquebrantables. Para paliar la desigualdad se ha recurrido a reconocer la bondad del pueblo y a combatir la corrupción, entendida como el origen de otros malestares sociales. Y para eliminar de raíz el problema de la violencia, que azota al país desde hace varias décadas y continúa aumentando de manera vertiginosa, se ha apostado una vez más por moralizar a mexicanas y mexicanos.

El 17 de marzo se publicó un documento en el que participan la Secretaría de Gobernación y la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM), y en el que se acuerda una colaboración de dos años para pacificar el país. El objetivo consiste en impulsar algunos proyectos de la Iglesia Católica para favorecer a grupos sociales vulnerables. Para ello se insiste, una vez más, en crear una cultura de la paz y regenerar el tejido social. No vale la pena adentrarse en los difíciles procesos históricos que condujeron a la separación entre Estado e Iglesia(s) en México, o en la sangre vertida para lograr dicha autonomía. Por ahora, basta con mencionar que esta decisión es compatible con la de por sí discutible propuesta de redactar una Constitución Moral.

Es difícil discrepar con el presidente respecto de la necesidad de recuperar los lazos de solidaridad, la confianza en las autoridades, e incluso el orgullo nacional. El único inconveniente es que, por más morales que sean las personas, los problemas nacionales no pueden resolverse sin políticas públicas inteligentes y sin refuerzos institucionales para llevarlas a cabo. Ambas responsabilidades descansan en la administración pública, y no en las asociaciones religiosas ni en la voluntad individual para asumir una conducta moral.

No se trata de minimizar en este espacio las acciones positivas de las iglesias, ni de soslayar la ayuda que brindan a personas en estado de vulnerabilidad económica, migratoria o emocional. Pero, con independencia de las creencias de quien escribe estas líneas, una cosa es bien clara: recurrir a la inmoralidad como causa explicativa de los problemas estructurales es tan ingenuo o tan perverso como esperar solucionarlos a base de la voluntad individual.




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