La iniciativa de Soledad Luévano: ¿amenaza al Estado laico?

Actualizado: feb 20

El 2019 cerró con un hecho sorprendente para quienes estudiamos la laicidad o cuando menos nos preocupamos por ella.


El 11 de diciembre la Senadora Soledad Luévano presentó una iniciativa para reformar la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público (LARCP). No es que se tratara de un hecho sin precedentes. A decir verdad, lo llamativo de la propuesta es precisamente que en ella se retoman algunas demandas que parecerían fuera de discusión.


No es ningún secreto que la Iglesia Católica, hegemónica hasta hace algunas décadas, ha tejido alianzas con algunos miembros de la clase política dispuestos a restaurar parte de las prerrogativas que se le arrebataron desde mediados del siglo XIX. La solución a esas demandas era relativamente sencilla hasta hace poco: a pesar de las posibles afinidades morales de las y los representantes públicos con el catolicismo, el marco jurídico habría de permanecer intocable para asegurar la autonomía estatal respecto de la Iglesia.


Hoy la pluralidad religiosa supone nuevos retos. Y si bien la frontera entre lo político y lo religioso nunca ha sido suficientemente clara, lo cierto es que durante la administración del gobierno federal en turno esta parece diluirse cada vez más.


Así pues, la iniciativa de Luévano se presenta en un contexto relativamente favorable a la participación de las Iglesias en asuntos públicos. Ante la innegable observación de que nuestro país es escenario de fenómenos como la pobreza, la desigualdad, la inseguridad o la violencia, en el documento se argumenta que "el reto que México enfrenta en el ámbito de la reconstrucción y fortalecimiento de su tejido social, requiere de la colaboración entre el gobierno y las diversas instancias de la sociedad civil, incluidas las asociaciones religiosas". Esta aseveración conlleva dos problemas: primero, exime al Estado de sus responsabilidades o cuando menos pretende compartirlas con instituciones ajenas a este; y segundo, supone la compatibilidad entre los principios cívicos y los religiosos como si los últimos fueran homogéneos. En cualquier caso, la propuesta es violatoria del principio de laicidad consignado en el artículo 40 constitucional.


Por otro lado, en la iniciativa se propone que la Secretaría de Educación Pública certifique los estudios religiosos de los ministros de culto. Pero un Estado laico no tendría por qué intervenir en asuntos que conciernen exclusivamente a las organizaciones que forman a sus ministros, del mismo modo en que estas no habrían de influir en los contenidos de la educación impartida por el Estado. También en ese sentido la propuesta vulnera la laicidad.


En cuanto al patrimonio de las Iglesias, se contempla modificar el artículo 3° de la LARCP, en el que actualmente puede leerse que este "(...) será exclusivamente el indispensable para cumplir el fin o fines propuestos en su objeto". En la iniciativa se propone sustituir la expresión "exclusivamente el indispensable" por "el necesario". Esa modificación, por demás ambigua, facilitaría la adquisición de propiedades por parte de los grupos religiosos con independencia de si son o no útiles para difundir su doctrina. Además, en la iniciativa se promueve eliminar las barreras para financiar a las Iglesias.


Un último punto que vale la pena explorar es el de la objeción de conciencia; es decir, del derecho a excusarse del cumplimiento de una obligación civil con motivo de las convicciones personales (que pueden o no ser religiosas). Es indiscutible que la ciudadanía habría de gozar de ese derecho. Empero, los límites para su ejercicio distan de estar bien definidos. ¿Qué pasará con el personal docente cuyas creencias trascendentes van en contra de la educación sexual o con quienes laboran en el sector salud y se nieguen a brindar un servicio con esa misma justificación? Aunque estas situaciones parecen poco probables, existen algunos antecedentes relevantes. Asociaciones como la UNPF o el FNF, entre cuyos miembros hay también docentes, apuestan por una educación sexual distinta de la que se ofrece en los libros de texto gratuitos. Y en 2007, tras la despenalización del aborto en la ahora CDMX, el 90% del personal médico se declaró objetor de conciencia. Las condiciones en las que podría apelarse a esta figura no están claras en la iniciativa que aquí se refiere. Por el contrario, en esta se afirma simplemente que "Toda persona tiene derecho abstenerse de actuar en aquello que contravenga sus convicciones éticas y no podrá ser privada de su derecho más que por lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En aquellos casos donde los objetores de conciencia sean trabajadores del Estado, será el propio Estado quien garantizará el goce pleno de los derechos de terceros".


Más allá de los tecnicismos y del posible uso estratégico de los vacíos legales que supondría la reforma de la LARCP, la iniciativa de Luévano parece plantearse a partir de una idea transversal: que la laicidad es equivalente a la libertad religiosa, y que esta es sinónimo de la participación irrestricta de los grupos religiosos en asuntos de orden público. En ese sentido, aquí se sostiene que no sólo es violatoria del principio de laicidad sino que tiende incluso a generar confusiones respecto de lo que esto significa. Y aunque es poco probable que la iniciativa se materialice una vez transcurrido el proceso legislativo correspondiente, el hecho de que se discuta a estas alturas, a pesar de los antecedentes históricos de nuestro país, no es poca cosa.





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